El desbalance fiscal empeoró nuevamente durante mayo, llegando al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el balance del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS) en el último año concluido. Este número indica un empeoramiento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el lapso móvil previo, lo que vuelve a alertar a las autoridades económicas en un momento crucial para la planificación del presupuesto del próximo mandato gubernamental.
El nuevo dato se inscribe en una tendencia que preocupa a la conducción económica, ya que limita el margen de maniobra para el diseño del próximo Presupuesto Nacional. Con una economía que muestra señales de estancamiento en algunos sectores y una presión creciente por parte de actores sociales y políticos que reclaman mayores recursos, el aumento del déficit fiscal pone en evidencia las dificultades para mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y demandas sociales.
Según el informe oficial, la disminución en el resultado fiscal se atribuye principalmente a una caída en los ingresos regulares tanto del Gobierno Central como del Banco de Previsión Social. En general, los ingresos alcanzaron el 27,1% del PBI, lo que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior. Esta reducción se debe a una caída del 0,1% del PBI en los ingresos del Gobierno Central y una merma de igual magnitud en los ingresos del sistema de previsión.
Si bien la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una leve mejora del 0,1% del PBI, este incremento no logró compensar la caída global. La estructura de ingresos sigue mostrando fragilidades, sobre todo ante la falta de dinamismo en ciertos sectores de la economía que impactan directamente en la recaudación tributaria.
Simultáneamente, los gastos básicos del Gobierno Central y del Banco de Previsión Social subieron, alcanzando el 28,2% del PBI, lo cual supone una subida de 0,2 puntos porcentuales. Este incremento se debe a un aumento en las transferencias desde tanto el Banco de Previsión Social como el Gobierno Central, además de un crecimiento en el gasto de inversiones de este último. Aunque estos desembolsos están alineados con políticas públicas y compromisos sociales, aumentan el déficit fiscal.
En lo que refiere al pago de intereses de deuda, estos se mantuvieron estables en 2,5% del PBI, sin variaciones respecto al mes anterior. Este factor no influyó en el deterioro del resultado fiscal, aunque sí continúa representando una carga significativa para las cuentas públicas.
Por otra parte, los resultados del Banco Central del Uruguay (BCU) evidenciaron una ligera mejoría, alcanzando el -0,9% del PIB, debido a una disminución en los intereses pagados. No obstante, el resultado total del Sector Público consolidado (que abarca todas las entidades estatales) se situó en -3,8% del PIB, indicando un empeoramiento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la cifra de abril.
El ámbito impositivo pone a prueba los propósitos del gobierno, que había expresado su deseo de conservar el control sobre el déficit como parte de una táctica de estabilidad macroeconómica. No obstante, las limitaciones financieras, junto con las necesidades sociales y las esperanzas puestas en el nuevo ciclo de administración, complican lograr este objetivo sin acudir a ajustes o cambios estructurales.
Esta situación reactiva las preocupaciones sobre la viabilidad de las finanzas públicas. El retraso en tomar decisiones cruciales, como la modificación de ciertas cajas de pensiones —incluyendo la de los profesionales— podría igualmente ejercer un efecto adverso en meses futuros, incrementando las presiones fiscales.
La situación obliga al equipo económico a revisar proyecciones y evaluar posibles correcciones en la planificación financiera. Con la Rendición de Cuentas en el horizonte cercano y un escenario regional complejo, las cifras de mayo marcan un punto de inflexión en la estrategia fiscal del gobierno, que deberá decidir entre mantener el rumbo o ajustar el timón.
