La Comunidad de Madrid se ha consolidado como la región con mayor proporción de estudiantes matriculados en formación profesional (FP) en centros privados. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación, el 47% del total nacional de estudiantes de FP en instituciones privadas cursan sus estudios en esta comunidad. Esta cifra refleja una marcada tendencia de expansión del sector educativo privado en el ámbito de la formación técnica y profesional, especialmente en los niveles de Grado Medio y Grado Superior.
Actualmente, uno de cada tres estudiantes de FP en Madrid opta por centros privados. La región ha alcanzado los 90.197 alumnos en esta modalidad, una cifra que representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores y que duplica los registros de comunidades como Cataluña o Andalucía. En contraste, estas dos últimas tienen una matrícula mucho más concentrada en centros públicos.
Este aumento se debe, en cierta medida, a una mezcla de elementos estructurales y decisiones políticas. La Administración de Madrid ha impulsado, en los años recientes, la expansión de la red privada-concertada a través de políticas de subsidios directos y la extensión de plazas concertadas, particularmente en el nivel de Formación Profesional de Grado Superior. En 2023, por ejemplo, la Consejería de Educación aprobó un incremento del 12% en la cantidad de aulas concertadas para dicho nivel.
El modelo impulsado por el gobierno regional se ha caracterizado por una fuerte inversión en el sector privado, promoviendo convenios de colaboración con entidades empresariales y centros de formación especializados. Esto ha derivado en una ampliación de la oferta formativa privada en ramas como administración, informática, sanidad y hostelería, altamente demandadas en el mercado laboral.
Sin embargo, este incremento ha provocado igualmente críticas de parte de grupos educativos y gremios, que alertan sobre una posible privatización disfrazada del sistema educativo. Los opositores de este modelo señalan el debilitamiento progresivo de la red pública y reportan una brecha cada vez mayor entre aquellos que pueden asistir a centros privados, frecuentemente con tarifas, y quienes deben confiar exclusivamente en la oferta pública, que continúa siendo deficiente en muchas áreas técnicas.
La brecha es más evidente en los estudios de Grado Superior, donde Madrid concentra el 58% de los alumnos que asisten a centros privados a nivel nacional. Esto contrasta con el caso de otras comunidades como el País Vasco o Galicia, donde más del 80% de la formación profesional se cursa en centros públicos, y donde existe una fuerte inversión pública en la modernización de equipamientos y alianzas con sectores industriales locales.
Otra particularidad notable del modelo de Madrid es el fomento de la FP Dual, que integra la educación en el aula con prácticas pagadas en compañías. A pesar de que esta alternativa ha tenido un desarrollo desigual en el territorio nacional, Madrid ha incentivado su aplicación junto con importantes empresas, lo que ha incrementado el atractivo de varios programas privados.
A pesar del dinamismo de esta modalidad, el acceso a la FP Dual sigue siendo limitado en el sistema público, donde la falta de plazas y de convenios suficientes con empresas impide que todos los estudiantes interesados puedan beneficiarse del modelo. Mientras tanto, los centros privados ofrecen itinerarios más flexibles y adaptados al mercado laboral, aunque con mayores costos asociados.
Este contexto ha vuelto a encender la discusión acerca del balance entre la oferta pública y privada en la educación profesional, además de la igualdad para acceder a oportunidades educativas. Algunos especialistas en políticas educativas afirman que el crecimiento de la FP privada en Madrid se debe más a una carencia de inversión continua en el sistema público que a un interés espontáneo de las familias.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid se posiciona como el epicentro del crecimiento del sector privado en formación profesional, consolidando un modelo mixto donde el peso de los centros privados supera ampliamente el promedio nacional. El reto para los próximos años será garantizar la calidad, equidad y sostenibilidad del sistema en un contexto donde la FP se perfila como una vía estratégica para la empleabilidad juvenil y la transformación productiva del país.