El Congreso de Guatemala volvió a fracasar en su intento por elegir a los directores titulares y suplentes que conformarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano clave para promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Pese a que el punto estaba en la agenda legislativa y se esperaba avanzar en la designación de las autoridades, la sesión se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.
Con este aplazamiento adicional, ya son varios los intentos fallidos del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo cual ha causado inquietud entre sectores económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el proceso.
El Parlamento posee la responsabilidad de seleccionar a los cinco integrantes del directorio —tres principales y dos alternos— de un conjunto de candidatos previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación. Esta comisión realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. La lista final está compuesta por candidatos con experiencia técnica en economía, derecho y gestión pública.
Aunque no se ha llegado a acuerdos entre los diferentes bloques, el progreso en la votación se ha visto obstaculizado. En la última sesión, varios legisladores salieron del pleno antes de que comenzara el debate, lo que resultó en la ausencia del quórum requerido para proceder con la elección.
La formación de la Superintendencia de Competencia se autorizó en 2022 como parte de una modificación destinada a robustecer la estructura institucional económica del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo los requerimientos de acceso a ciertos acuerdos comerciales. Este organismo estará encargado de investigar y sancionar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diferentes participantes económicos.
No obstante, la falta de designación de su directorio ha impedido que la entidad pueda iniciar operaciones. Mientras tanto, se acumulan denuncias sobre posibles abusos de posición dominante en sectores estratégicos, lo que hace aún más urgente la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.
Distintos actores del sector privado y organizaciones civiles han manifestado su inquietud ante el estancamiento del proceso. Consideran que esta situación no solo retrasa la implementación de una herramienta necesaria para mejorar la competitividad, sino que también envía señales negativas a los inversionistas y debilita la institucionalidad democrática.
Algunos parlamentarios han expresado su deseo de proseguir con las conversaciones para lograr consensos en el siguiente pleno. No obstante, ciertos grupos advierten que hay motivaciones políticas que intentan dificultar la selección, ya sea por diferencias respecto a los candidatos sugeridos o por evaluaciones tácticas vinculadas a distribución de influencia.
La normativa señala que el Congreso está obligado a seleccionar a los miembros del directorio con una mayoría calificada, lo que requiere un amplio consenso entre las distintas fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la constante ha sido la insuficiencia de votos, a pesar de que la lista de aspirantes ha estado accesible durante varios meses.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país sigue sin contar con una entidad independiente que se encargue de garantizar un entorno económico equitativo, lo que deja desprotegidos a consumidores y pequeños negocios frente a posibles conductas abusivas por parte de grandes empresas. Esta realidad refleja las barreras estructurales del sistema político en Guatemala para hacer elecciones importantes, incluso sobre asuntos de interés común que podrían favorecer considerablemente el crecimiento económico.
El desafío actual para los legisladores es retomar el impulso legislativo y mostrar dedicación a la modernización institucional. Seleccionar el directorio no solo representaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.
