La creciente presión económica llevó a los gobernadores de todas las provincias argentinas a protagonizar una acción coordinada sin precedentes en lo que va del actual mandato presidencial. En una reunión clave, los 24 mandatarios provinciales se alinearon para reclamar una reestructuración en la distribución de recursos nacionales y proponer medidas concretas que alivien la crisis financiera que atraviesan sus distritos. Esta convergencia inesperada de intereses políticos, tanto de oficialismo como de oposición, resalta la gravedad de la situación y marca un hito en las relaciones entre Nación y provincias.
La base de este acuerdo fue la inquietud común sobre el continuo descenso de los ingresos de la provincia desde finales de 2023, debido a una mezcla de factores como el ajuste fiscal nacional, la detención de las obras públicas y la significativa disminución de transferencias no automáticas. De acuerdo con cálculos provinciales, desde noviembre de ese año hasta mayo de 2025, se dejaron de recibir casi 30 billones de pesos. Esta cantidad contempla pérdidas por coparticipación, fondos discrecionales y recursos que no se ejecutaron y que solían asignarse a programas locales.
Ante esta situación, los gobernadores impulsaron una iniciativa legislativa para suprimir dos fondos fiduciarios financiados por el impuesto a los combustibles, originalmente destinados a proyectos de infraestructura. El objetivo es reasignar esos fondos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir libremente su uso, sin las limitaciones establecidas por el gobierno central. Al mismo tiempo, se sugiere distribuir equitativamente el excedente de los Aportes del Tesoro Nacional, que actualmente gestiona el Ejecutivo, siguiendo criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Uno de los argumentos centrales de los líderes es que no están pidiendo más dinero, sino solo obtener lo que ya les pertenece. Afirman que estos fondos ayudarían a equilibrar las finanzas de las provincias sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como una de sus metas principales. Asimismo, destacan que si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son herramientas ineficaces o susceptibles a influencias políticas, entonces no hay motivos para oponerse a su eliminación.
La movida despertó reacciones en la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo se anticipó que se presentará una contrapropuesta, siempre bajo la condición de no alterar el equilibrio fiscal. No obstante, se remarcó que los fondos fiduciarios tienen un objetivo específico —el mantenimiento de rutas nacionales— y que su eliminación debería garantizar que esos recursos no se desvíen de su finalidad original.
El enfrentamiento entre las provincias y la Nación no es reciente. Hace unas semanas, la retención de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de protestas regionales y acciones legales. La provincia patagónica consiguió el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que ahora se manifiesta en esta nueva iniciativa legislativa. La disputa alcanzó niveles que involucraron acusaciones penales mutuas, evidenciando la creciente fricción entre el federalismo de las provincias y el centralismo en cuestiones fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones funcionó como articulador de los encuentros y el diseño del proyecto. En las mesas de trabajo, los gobernadores acordaron avanzar de forma institucional y coordinada. El consenso alcanzado refleja no solo una respuesta a una coyuntura económica asfixiante, sino también una señal política clara: el federalismo exige una redefinición del vínculo financiero con el Estado nacional.
Más allá de la coyuntura, la iniciativa plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder entre provincias y Nación. La capacidad de los gobernadores para articular demandas comunes y avanzar en proyectos legislativos conjuntos podría marcar el inicio de una etapa de mayor protagonismo provincial en la agenda política nacional. La administración central, por su parte, deberá decidir si cede ante esta presión colectiva o si refuerza su estrategia de control presupuestario.
En un escenario de debilitamiento institucional y fatiga política, este avance federalista inicia una fase renovada de diálogos, desafíos y cambios. El desenlace de este conflicto será crucial para establecer el futuro del nexo entre el gobierno central y los gobiernos regionales, además de evaluar en qué medida se puede conservar el equilibrio fiscal sin ignorar las necesidades sociales y económicas internas del país.
