En el contexto del debate sobre el presupuesto del gobierno y el aumento de la presión relacionada con la migración, el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una versión revisada del proyecto que incluye un gravamen sobre las remesas, estableciendo la tasa en un 1 % y restringiendo su aplicación solo a los envíos de dinero en efectivo al extranjero.
La medida forma parte del paquete legislativo conocido como “The One Big Beautiful Bill”, impulsado por sectores conservadores como parte de un plan para financiar agencias de seguridad, particularmente aquellas relacionadas con el control migratorio, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de propuestas previas que consideraban un gravamen del 5 % sobre todas las remesas, la versión avalada en el Senado excluye del cobro a las transferencias electrónicas hechas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas por instituciones estadounidenses.
Desde la idea original hasta una versión más restringida
La tasa sobre las remesas fue en un principio introducida como una acción general que impactaría todas las transferencias monetarias efectuadas por individuos que no poseen la ciudadanía de Estados Unidos. No obstante, las fuertes críticas de grupos migrantes, sectores de negocios y ciertos gobiernos de América Latina condujeron a reconsiderar la propuesta original.
La versión finalmente aprobada mantiene el espíritu recaudatorio, pero con un alcance más limitado. Solo se aplicará un 1 % sobre el monto total de las remesas enviadas en efectivo —ya sea a través de empresas de envío o pagos en ventanilla— y comenzaría a regir a partir del 31 de diciembre de este año. El resto de los envíos, realizados mediante mecanismos bancarizados, quedará exento.
Respuestas en América Latina
En naciones como México, que es el mayor receptor de remesas desde Estados Unidos, la noticia fue percibida con cierto alivio. Las autoridades informaron que se establecerá un sistema de devolución para sus connacionales en el extranjero que sean impactados por el impuesto, utilizando tarjetas especiales para monitorizar y compensar los pagos efectuados.
Legisladores de países centroamericanos también se pronunciaron sobre el tema, advirtiendo que medidas de este tipo afectan de manera desproporcionada a las familias más vulnerables, que en muchos casos dependen casi exclusivamente de las remesas para cubrir necesidades básicas. Además, argumentaron que estas transferencias ya provienen de ingresos sujetos a impuestos en Estados Unidos, por lo que gravarlas nuevamente podría interpretarse como una doble imposición.
Un elemento esencial en política
El impuesto fue incluido como parte de una estrategia más amplia enfocada en la seguridad nacional. La recaudación estimada será destinada al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y el financiamiento de operaciones de migración y deportación. Esta visión ha sido defendida por los sectores promotores del proyecto, quienes argumentan que es una manera justa de asignar recursos sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos estadounidenses.
No obstante, asociaciones que protegen los derechos de los migrantes han indicado que estas acciones procuran desincentivar el envío formal de remesas, llevando a las personas a recurrir a medios informales que son más caros y peligrosos. Igualmente, han puesto en duda las consecuencias económicas en los países de origen, donde las remesas constituyen una de las fuentes principales de ingresos.
Efectos inmediatos y próximos pasos
Desde el punto de vista financiero, la implementación de este tributo coincide con una ligera disminución en la cantidad de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia América Latina. Basado en datos actualizados, los envíos han caído alrededor de un 4.5 % en comparación con el mismo periodo del año previo, una tendencia asociada tanto al endurecimiento de las políticas migratorias como al temor provocado por este tipo de legislación.
El proyecto de presupuesto debe ahora ser armonizado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras logran un consenso, pasará al Ejecutivo para su firma definitiva. En paralelo, varios países latinoamericanos ya preparan estrategias diplomáticas y financieras para mitigar los efectos del nuevo impuesto, mientras organizaciones de migrantes en Estados Unidos evalúan posibles acciones legales para impugnar la constitucionalidad de la medida.
Con esta resolución, el Senado abre una página distinta en la extensa y complicada interacción entre la política migratoria, las economías globales y los derechos de las comunidades migrantes. Aunque ahora es más suave que en sus propuestas originales, el gravamen sobre el envío de dinero en efectivo simboliza un comunicado político evidente y podría señalar el comienzo de un periodo novedoso de control sobre los fondos que mensualmente millones envían a sus seres queridos al extranjero.
